La ex trabajadora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Querétaro, Mónica Pérez Vallejo, denunció públicamente la existencia de presuntos actos de corrupción dentro de la delegación estatal, señalando a funcionarios de alto nivel de la unidad jurídica.
Durante una rueda de prensa, Pérez Vallejo afirmó que tras la presentación de una denuncia sobre posibles irregularidades en la delegación, inició una “persecución política y laboral” en su contra y en la de varios compañeros trabajadores. Dijo haber sido separada de su cargo el pasado 7 de octubre sin liquidación y acusó directamente a Jessica Zulema Hernández, jefa de la unidad jurídica, y a Pablo Tlacaelel Vázquez Ferrusca, subdelegado de administración y presidente del Comité de Ética, de hostigamiento e intimidación.
Explicó que la denuncia original hacía referencia a la existencia de un despacho jurídico particular vinculado presuntamente a funcionarios del ISSSTE, desde el cual se litigarían casos pensionarios del propio instituto, generando un posible conflicto de interés y daño al patrimonio público.
Según su testimonio, en el área jurídica había alrededor de mil 500 asuntos relacionados con pensiones.
Pérez Vallejo indicó que ha presentado denuncias ante el Órgano Interno de Control, la Fiscalía General de la República y el propio ISSSTE, además de haber enviado escritos al secretario de Gobernación, Martí Batres, sin haber recibido respuesta.
“Yo quiero que quede muy claro: tengo miedo por mí y por mi familia. Hago responsable directamente a la licenciada Jessica y al licenciado Pablo de cualquier cosa que me pase”, declaró.
La ex empleada señaló además prácticas de nepotismo y ausentismo laboral dentro del área jurídica, mencionando que una persona cercana a una de las funcionarias señaladas cobraba salario sin presentarse a trabajar.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades federales para que se investigue el caso, se garantice la protección de los trabajadores y se sancione a los responsables en caso de comprobarse los hechos denunciados.
