La ciudad de Chicago es el epicentro de una confrontación política entre autoridades locales y el presidente Donald Trump, que anunció medidas migratorias como la utilización de fuerzas federales en ciudades santuario, como Chicago.
El gobierno federal planea usarla Estación Naval Great Lakes, como base para una operación migratoria sin precedentes. El plan prevé el uso de vehículos blindados, agentes federales y posiblemente la Guardia Nacional, con objeto de detener y deportar a los migrantes residentes en zonas urbanas que históricamente no cooperan con el ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
“No tropas, no Trump” es el grito.
Más de 10,000 personas se reunieron el 1 de septiembre en el centro de Chicago bajo el lema “Trabajadores contra multimillonarios”. La manifestación, organizada por sindicatos, colectivos migrantes, activistas LGBTQ+ y defensores de derechos reproductivos, fue una muestra de unidad frente a lo que consideran una amenaza a los derechos civiles y humanos.
“Chicago no será campo de batalla para agendas autoritarias”, declaró el alcalde Brandon Johnson, quien marchó junto a los manifestantes. “Defenderemos a nuestras comunidades con todas las herramientas legales y políticas disponibles.”
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo: “no permitiremos que se militaricen nuestras calles bajo pretextos migratorios”.
Según Trump, Chicago es “la ciudad más peligrosa del mundo”.
Lo que ahora pasa en Chicago, podría imitarse en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. “Estamos ante una posible redefinición del papel federal en asuntos migratorios locales”, advierte la politóloga Marisol Vega, de la Universidad de Illinois.
Las calles de Chicago –y los ciudadanos- no protestan únicamente; defienden el modelo de ciudad inclusiva que ha caracterizado a esta metrópoli durante décadas.
