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Origen de los sueldos y dietas para los políticos mexicanos

En México, los gobernantes y representantes populares comenzaron a cobrar formalmente un sueldo o dieta desde el nacimiento mismo del país como nación independiente entre 1821 y 1824, aunque el antecedente directo proviene de las Cortes de Cádiz de 1812.

 

La Constitución de Cádiz (1812) introdujo la figura de las “dietas” (viáticos y compensación económica) para los diputados que viajaban a España a representar a la Nueva España, aunque su pago fue muy irregular debido a la guerra.

Por su parte, la Constitución de Apatzingán (1814) redactada por los insurgentes, ya contemplaba que los miembros del Supremo Gobierno y del Congreso recibieran una compensación moderada para subsistir, aunque en la práctica las condiciones bélicas impidieron aplicarla de forma regular.

De tal suerte, que en nuestro país los gobernantes han recibido una remuneración formal desde la época virreinal, aunque el concepto específico de “dieta” para los legisladores mexicanos se instauró en 1822, tras la consumación de la Independencia.

La evolución de estos pagos a lo largo de las distintas etapas históricas del país se divide de la siguiente manera: En la Época Virreinal (Siglo XVI – 1821) se establecieron los sueldos reales, es decir los altos funcionarios de la Corona española (como el virrey, los oidores de la Real Audiencia y los alcaldes mayores) percibían un sueldo fijo asignado directamente desde la Real Hacienda.

También existieron los cargos concejiles sin sueldo, en contraste, muchos puestos locales en los cabildos o ayuntamientos (como regidores) eran cargos honoríficos  (no recibían salario), e incluso en ocasiones se compraban, obteniendo sus titulares beneficios mediante la condonación de impuestos o prestigio social.

Posteriormente en el México Independiente y el Primer Imperio (1821 – 1824), se establecen las llamadas “Dietas” (1822). Con la instalación del Primer Congreso Constituyente tras la Independencia, surgió el debate sobre cómo mantener a los representantes que viajaban desde las provincias al centro del país, concretamente a Querétaro.

En cuanto al monto inicial de estas dietas, se dice que los diputados del Primer Imperio ordenaron gratificar a los representantes de la nación con 3 mil pesos anuales, pagados mensualmente, equivalente a 250 pesos cada 30 días, además de viáticos para sus traslados. A esta remuneración se le denominó oficialmente dieta, siguiendo la tradición parlamentaria europea de cubrir el sustento diario de quien dejaba sus negocios para legislar.

Al establecerse la República, la Constitución de 1824 formalizó en su texto que tanto el presidente de la República como los diputados y senadores recibirían una compensación económica fijada por ley y pagada por el erario.

Durante las décadas siguientes, a pesar de las crisis económicas y guerras internas, se mantuvo el principio republicano de que ningún cargo público de elección popular debía ser gratuito. Esto buscaba evitar que solo las personas extremadamente ricas pudieran dedicarse a la política.

La Constitución de 1857 ratificó que los representantes populares y el titular del Ejecutivo debían gozar de una compensación por sus servicios, prohibiendo que renunciaran a ella para garantizar su independencia económica frente a intereses privados.

Porque hay que recordar que sí hubo periodos y niveles de gobierno específicos donde los cargos públicos locales o legislativos eran gratuitos y honoríficos, además de crisis financieras en las que el Estado dejó de pagarles a los representantes populares de la época.

Basta decir que antes de la llegada de los españoles no existía el concepto moderno de salario o dieta monetaria, los gobernantes (tlatoque) y funcionarios recibían su sustento mediante el tributo en especie y trabajo de los pobladores (macehuales), así como del producto de tierras asignadas específicamente al sostenimiento del palacio y del cargo público.

Posteriormente, durante la época colonial, muchos gobernantes locales, corregidores y alcaldes mayores tampoco recibían un salario directo de la Corona española. En lugar de cobrar una remuneración del erario, los particulares pagaban a la Corona por el derecho a ocupar el cargo, de tal suerte, que quienes ocupaban estos puestos recuperaban su inversión y obtenían ingresos mediante el cobro de derechos, aranceles judiciales, multas o el comercio monopólico en sus jurisdicciones (conocido como repartimiento de mercancías)

Ya durante el Virreinato y gran parte del siglo XIX, la regla general para gobernar las ciudades y pueblos (alcaldes, regidores y síndicos de los ayuntamientos) era el servicio gratuito. Estos puestos se conocían como cargos concejiles. No tenían sueldo ni dieta porque se consideraban un deber cívico de los vecinos notables o propietarios de cada localidad.

Incluso en los debates de la Constitución de 1917 se discutió esta tradición de obligar a los ciudadanos a desempeñar cargos municipales sin retribución económica. En muchas comunidades indígenas y rurales de México, este esquema sigue vigente hoy bajo el sistema de usos y costumbres (cargos comunitarios no remunerados).

Aunque las leyes y constituciones del México independiente sí fijaban sueldos para el presidente y dietas para los diputados — por ejemplo, a Agustín de Iturbide se le asignaron 120 mil pesos anuales en 1821 – sin embargo, la crisis del Siglo XIX impidió pagarlos durante décadas.

También dicha escasez en la hacienda pública provocó que los diputados del Primer Congreso Constituyente pasaran meses sin recibir sus dietas, generando constantes conflictos políticos y falta de quórum.

Por su parte, durante el gobierno itinerante de Benito Juárez, la falta de recursos obligó a que el presidente, sus ministros y los empleados públicos trabajaran sin recibir salario o cobrando apenas una fracción simbólica cuando había fondos disponibles.

  • CAJA DE DATOS:

 

Primera República (1824)

(Guadalupe Victoria)     36,000 pesos al año

(3,000 pesos al mes)      Fijado por decreto del 13 de septiembre de 1824.

Un ministro ganaba 8,000 pesos anuales y un diputado 3,000.

 

República Restaurada (1861 – 1872)

(Benito Juárez) 30,000 pesos al año

(2,500 pesos al mes)      Juárez redujo el sueldo presidencial por decreto en 1861. Según estimaciones históricas, equivale hoy a ~12.7 millones de pesos al año (más de 1 millón mensual).

 

Segundo Imperio (1864 – 1867)

(Maximiliano de Habsburgo)      1,500,000 pesos al año

(125,000 pesos al mes) Fue la asignación más alta de la historia, gran parte de ese dinero lo destinaba a obras públicas y remodelaciones como el Paseo de la Reforma.

 

Porfiriato (1877 – 1911)

(Porfirio Díaz)    De 15,000 a 50,000 pesos al año Comenzó ganando 15,000 pesos anuales en 1877, subió a 30,000 en 1884 y cerró su régimen cobrando 50,000 pesos al año.

 

 

Lic. Heidy Wagner Loustalot Laclette

Cronista Honoraria del municipio de Cadereyta de Montes.